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Noticias, actualidad municipal

El Alcalde y la Concejala de Hacienda han informado acerca de la aplicación del Real Decreto Ley de 4 de Febrero, que establece medidas extraordinarias para el pago a proveedores de las entidades locales.

(27/02/2012) Crear PDF de la noticia imprimir

Tendrán prioridad en el pago los proveedores que ofrezcan descuentos sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago o la antigüedad de la misma.

El pasado sábado se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Documento que regula el mecanismo para afrontar los pagos a proveedores de las administraciones locales.

El Real Decreto fija tiene por objeto,  habilitar las condiciones necesarias para permitir la cancelación por entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios.

El ámbito de aplicación del mismo son:

Las obligaciones pendientes de pago a los contratistas, que reúnan todos los requisitos siguientes:

a) Ser vencidas, líquidas y exigibles.

b) Que la recepción, en el registro administrativo de la entidad local, de la correspondiente factura, factura rectificativa en su caso, o solicitud de pago equivalente haya tenido lugar antes del 1 de enero de 2012.

     c) Que se trate de contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El Alcalde ha indicado que ya se ha empezado a trabajar, desde los departamentos económicos del Ayuntamiento, en la ejecución de este Real Decreto, que supone un espaldarazo a la difícil situación económica municipal y que repercute muy positivamente en la regeneración económica, apoyando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, con deudas con la Administración Local.

Tanto el Alcalde como la Concejala de Hacienda han manifestado, que es la aplicación de este Real Decreto lo que tiene prioridad, y que esto va a suponer que determinados expedientes ya iniciados y pendientes del informe de Intervención, tengan que esperar un tiempo, dado que los plazos marcados son los fijados en el documento publicado este sábado.

Así, el Real Decreto, obliga al Ayuntamiento a presentar, ante el Ministerio de Hacienda y antes del 15 de Marzo, una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago que reúnan los requisitos establecidos y, comprensiva, de la siguiente información:

a) Identificación del contratista que incluirá el código o número de identificación fiscal, denominación social y su domicilio social.

b) Importe del principal de la obligación pendiente de pago, impuesto sobre el valor añadido o impuesto general indirecto canario incluido en su caso, sin inclusión de intereses, costas judiciales o cualesquiera otros gastos accesorios.

c) Fecha de entrada en el registro administrativo de la factura, factura rectificativa en su caso, o solicitud de pago equivalente anterior al 1 de enero de 2012.

     d) Expresión de si se ha instado por el contratista la exigibilidad ante los Tribunales de Justicia antes de 1 de enero de 2012.

Es a preparar este documento base, a lo que ya se están dedicando los Departamentos de Intervención y Tesorería.

Con la intención de facilitar a los proveedores de que dispongan de la información precisa, se han habilitado a dos funcionarios, para que atiendan a partir de este miércoles, cuantas dudas o solicitudes de información requieran. Si bien, se ha solicitado la comprensión de los mismos, para que permitan durante hoy lunes y mañana martes, hacer todo el trabajo interno que permitan así el miércoles, disponer del listado de la deuda con la que trabajar de cara a la presentación ante el Ministerio.

El Real Decreto,  debe desarrollarse a través de los acuerdos pertinentes para la puesta en funcionamiento de los mecanismos financieros, que adoptará con carácter de urgencia la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 



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